En fallo dividido, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió archivar el expediente abierto en 2017 por espionaje ilegal en el que se debía investigar el accionar de la Gendarmería y exfuncionarios del Ministerio de Seguridad, durante el gobierno de Mauricio Macri, en perjuicio de la familia de Santiago Maldonado y organizaciones sociales y de derechos humanos. Desde la querella, que encabeza Myriam Bregman, expresaron: “Este fallo evita investigar los hechos centrales que denunciamos y habilita a que nos sigan espiando, es impunidad en su máxima expresión”.

Este jueves la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el cierre de la causa por espionaje ilegal en la que se debía investigar el accionar de la Gendarmería y exfuncionarios del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri en perjuicio de la familia de Santiago Maldonado y organizaciones sociales y de derechos humanos en el marco de la búsqueda del joven desaparecido el 1° de agosto de 2017. Con este nuevo fallo quedaron sobreseídos un exmano derecha de Patricia Bullrich y un alto jerarca de la fuerza federal.

La causa se había iniciado en octubre de 2017 tras una denuncia presentada por les abogades Myriam Bregman, Matías Aufieri y Liliana Mazzea. Tras el pedido de que esta investigación no quedara en manos del juez federal Gustavo Lleral de Rawson, al considerar que había garantizado la impunidad en el expediente por la desaparición seguida de muerte, el trámite pasó a manos de Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal 3 de Comodoro Py, pero en casi cinco años no pudo demostrar que Gendarmería no hizo espionaje ilegal.

Sin embargo, Rafecas resolvió en julio pasado archivar el expediente y sobreseer a los dos imputados, Gonzalo Cané (a cargo de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad) y Fabián Méndez (jefe del Escuadrón 35 de Gendarmería ubicado en El Bolsón.

Bregman, Aufieri y Mazzea apelaron la decisión de Rafecas ante la Cámara Federal de Apelaciones. En menos de dos meses, dos de los integrantes de la Sala 2, Martín Irurzun y Eduardo Farah, decidieron darle la razón al juez, mientras que Roberto Boico votó en disidencia, en acuerdo con los planteos de la querella.

Según reproducie La Izquierda Diario, el voto mayoritario de la Sala 2 señala que “el juez de instrucción (acompañado por el fiscal Guillermo Marijuan) ‘ha investigado profundamente’ y obtuvo un ‘cúmulo de elementos’ que lo llevaron a descartar ‘la sospecha de actividades violatorias de las leyes’ por parte de Gendarmería y funcionarios de Bullrich. (…) (Farah e Irurzun) observan ‘una importante actividad de colección de información’ por parte de Rafecas. Aunque en las 16 páginas del fallo se abstienen de demostrar con fundamentos tal afirmación”.

Los magistrados consideraron que “corresponde avalar el cierre del sumario” ya que no hay “hechos concretos en que los miembros de las fuerzas de seguridad violaran prohibiciones expresas u obraran fuera del marco de sus atribuciones y obligaciones”. (No ven) “la posibilidad de imputar actos ilícitos” ni “sospecha suficiente” sobre “una actuación mancomunada con finalidades prohibidas”.

En tanto, para Boico “en lo hecho por Rafecas ‘no se vislumbra la realización de diligencias tendientes a profundizar’ la investigación sobre las tareas de espionaje. De allí que, dándole la espalda a los requerimientos de Bregman, Aufieri y Mazzea, el juez de instrucción desestimara la producción de prueba que ‘podría aportar información relevante’. Por eso, concluye, ‘resulta prematura’ la ‘clausura’ de la investigación. Boico menciona hechos concretos el los que sustenta su negativa a dar por cerrada la causa. Uno de ellos es ‘la falta de corroboración de la identidad de quién o quiénes utilizaban la línea 117044XXXX’, un teléfono que figura legalmente a nombre de la Gendarmería Nacional y desde el que se enviaba y recibía la información recogida por los espías. Conocer ese dato elemental fue un pedido de la querella sistemáticamente negado por Rafecas. A su vez, dice el camarista, ‘la conclusión a la que arriba el Sr. Juez en relación a la información obtenida de fuentes de acceso público no puede aceptarse’. Se refiere a la excusa de Gendarmería, asumida como fundamento por Rafecas, de que todos los datos se obtuvieron ‘mirando’ y ‘escuchando’ en las manifestaciones, ‘revisando’ redes sociales y ‘capturando’ mensajes de WhatsApp, todo con el objetivo de prevenir ‘alteraciones del orden público’. Boico hace una afirmación contundente: ‘sin que lo aquí vertido implique una toma de posición sobre el particular, las tareas de inteligencia, sean o no legítimas, no se agotan en seguimientos subrepticios y/u ocultos, sino que constituye una actividad orientada a la obtención, reunión, sistematización y análisis de información específica (…) De allí que buscar, recoger, y clasificar contenido informativo existente en redes sociales, por ejemplo, es perfectamente compatible con la descripción legal de ’tareas de inteligencia’, y no un evento banal como pareciera sugerir’ Rafecas”.

Finalmente, Boico señala, según reproduce La Izquierda Diario, “el juez de instrucción no investigó como debía, el camarista apela a la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que prohíbe ‘a cualquier organismo’ del Estado ‘obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción’”.

La Izquierda Diario consultó a la querella sobre este fallo. Para el abogado Matías Aufieri, “si ni siquiera se le pidió a Gendarmería que explicara por qué perseguían y reunían información de familiares, querellantes de organismos de derechos humanos o referentes originarios, están legitimando de hecho que se pueda espiar a cualquiera que protesta (sobre todo si lo hace contra el gobierno de turno), sin orden judicial y construyendo supuestas hipótesis de que esas personas van a cometer algún delito. Una total ilegalidad”.

“Es inevitable que nos preguntemos cuánta información obtenida ilegalmente tienen las fuerzas del Estado, sobre quiénes se hace seguimiento y qué se hace con esa información. Este fallo nos niega esa respuesta y, obviamente, habilita que nos sigan espiando. (…) Ya hace más de diez años con Myriam Bregman denunciamos el Proyecto X de la misma Gendarmería Nacional. Allanaron Campo de Mayo y allí se encontraron evidencias que desde los Centros de Reunión de Información se hacía inteligencia ilegal, entre otros el CRI de Neuquén. Ahora, en el caso de Santiago Maldonado no sólo no quisieron allanar, ni siquiera hicieron un pedido de informes para que expliquen a qué se dedican. Es un blindaje descarado a Gendarmería contra las y los luchadores de todo el país”, agregó.

Desde el CeProDH manifestaron: “El voto de los jueces Farah e Irurzun pone fin a la acción, pero lo hace sin dar fundamentos ni agotar la investigación. Por eso vamos a recurrir ante la Cámara de Casación. Es más que llamativo que los jueces no expliquen por qué en la instrucción no se avanzó en investigar la información que el CRINeu reúne especialmente sobre comunidades originarias, familiares de víctimas y organizaciones”.

Fuente: La Izquierda Diario.

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